En un giro dramático en el mundo empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha acentuado sus acciones legales contra los fundadores de Gedesco, una compañía experta en la financiación de pequeñas y medianas compañíasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se centra en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, creadores de Gedesco, tal como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes han tomado las riendas de la gestión de la firma valenciana después de que JZI adquiriese el 675% de sus acciones en 2007. Este conflicto legal, que se originó en el tercer mes del año de 2022 con una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth por desviar en teoría 80 millones de euros a Stator Management, una entidad íntimamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una nueva demanda en Valencia por una variedad de delitos introduciendo administración desleal y estafa.
Esta segunda querella, que asimismo supone a José Luis Villafranca, de hoy miembro del consejo de Gedesco, y a tres empresas bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de utilizar la estructura de Gedesco en beneficio propio y de obstruir el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La demanda detalla de qué forma, a pesar de la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por falta de miembros, los acusados continuaron tomando decisiones esenciales, bloqueando ciertamente a JZI de formar parte en la gestión de la empresa. Las solicitudes de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos ejecutivos fueron de manera sistemática frustradas, con la junta suspendida en siete oportunidades.
Este enfrentamiento no solo se prolonga por dos jurisdicciones, con pleitos tanto en Estados Unidos como en España, sino también revela Haga clic para obtener más información una trama compleja de discusiones legales que incluye acusaciones contra los socios creadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La decisión de un juez en La capital española de mover uno de estas situaciones a Valencia y el posterior fichero de la causa por carecer de rastros de delito añade otra cubierta a este entramado legal.
Esta situación ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos en el planeta corporativo, sino asimismo las adversidades inherentes a la resolución de disputas transfronterizas en el ámbito del derecho empresarial. La situación en Gedesco expone los retos que enfrentan los inversores para proteger sus intereses y la relevancia de una administración transparente y ética en las empresas..